La reducción de CO2 como instrumento de financiación de las entidades locales

Texto resumido de Pedro Ballesteros, responsable del Pacto de Alcaldes, sobre una idea para la financiación de municipios comentada en el debate ‘Claves de Ciudad y Sostenibilidad’.

¿Es posible monetizar las reducciones de emisiones que realizan las entidades locales? Los recortes de CO2 en sectores difusos suponen un ahorro para cada estado, con lo que parece lógico buscar instrumentos que internalicen el beneficio en estos sectores, fomentando su realización.

La mitigación a un nivel local ha recibido poca atención de los analistas y encargados de diseñar las políticas. Sin embargo, el marco legislativo permite, (1) la implantación de procedimientos nacionales para la aprobación de proyectos de Aplicación Conjunta en Europa o (2) el desarrollo de los proyectos domésticos de reducción de emisiones. En su configuración actual, ambos desarrollos restringen el ámbito de aplicación a medidas que reducen consumos de energía térmica en los sectores difusos.

Las políticas de desarrollo urbano permiten actuar sobre las emisiones de los sectores difusos. Por ejemplo, los edificios y la zonificación del uso del suelo, el transporte, las redes locales de distribución, gestión de residuos, y la silvicultura urbana y uso del suelo son actividades urbanas que por lo general tienen un gran potencial de reducción a un bajo coste.

Los proyectos de eficiencia energética aparecen constantemente como la tecnología más eficiente en términos de coste por tonelada de CO2 reducida. Sin embargo, su realización se enfrenta a las dificultades de financiación de las entidades locales, cuyo potencial para la realización de acciones de eficiencia es muy alto.

La Aplicación Conjunta forma parte integrante del Protocolo de Kioto (Artículo6). Es un mecanismo que exige una participación activa del Estado donde se produce la reducción de CO2, que transfiere una unidad de carbono hacia el agente que realiza la reducción. Ya existen experiencias en países como Francia y Alemania que deberían hacerse extensibles al conjunto de países de la Unión Europea.

Por otro lado, varios países europeos están introduciendo sistemas de certificados blancos que otorgan un valor de mercado diferente, pero también relevante, a los proyectos de reducción de emisiones a través de eficiencia energética. No existe, sin embargo, un esquema de este tipo a nivel europeo.
 

Además de Pedro Ballesteros, en el debate también participaron María Antonia Pérez, presidenta de la Red de gobiernos locales + Biodiversidad 2010 de la FEMP; Íñigo de la Serna, alcalde de Santander; Joan A. Baron, alcalde de Mataró y presidente delegado de Medio Ambiente de la Diputación de Barcelona; Alba Cañadas, concejala de Medio Ambiente de Vitoria-Gasteiz; Francisco Javier Hernández, presidente de La Casa que Ahorra; Inma Mayol, quinta teniente de alcalde y concejala de Medio Ambiente de Barcelona; Maria Angels Ramón-Llin, concejala delegada de Calidad Medioambiental, Energías Renovables y Cambio Climático y Ciclo Integral del Agua de Valencia; Manuel Jesús Marchena, consejero delegado de Emasesa; Javier Rubio, director general de Sostenibilidad y agendas 21 de Madrid; José Luis López Piñol, director de Urbaser. Introdujeron el debate Jorge Ozcariz, socio de la COMAV y Fernando Prats, arquitecto y urbanista. El debate estuvo moderado por Julio S. Blanco, director de la revista El Alcalde.
 
*Puedes ver el resto de intervenciones en el vídeo del debate (DE-3)