La crisis de la gestión del agua

Reflexiones de Lorenzo Correa Lloreda, socio de la Asociación Interdisciplinar de Profesionales del Medio Ambiente (APROMA) a raíz del grupo de trabajo ‘Retos y soluciones para la financiación del ciclo del agua’.

En la literatura técnica de la economía del agua se encuentran cientos de obras sobre el cálculo de precios, tarifas y cánones varios; muy pocas sobre las razones fundamentales que los determinan, sobre las bases que han de orientar el problema de su elección y las ideas que guían al planificador en su trabajo inicial siguiendo principios que ha ido asimilando en su mente, pero en los que rara vez se para a reflexionar. El grupo de trabajo ‘Retos y soluciones para la financiación del ciclo del agua’ coordinado por APROMA pretendía acompañar al responsable de las decisiones a una tranquila divagación por el laberinto, cada vez más enredado, de las soluciones de financiación del ciclo del agua para ordenar y recalcar ideas y conceptos que ayuden a definir claramente un objetivo común.

La coyuntura actual plantea una cuestión crucial para entender hacia donde vamos: el cumplimiento de los principios de la Directiva Marco del Agua parece ser objetivo de todos, aunque debemos tener en cuenta que ésta fue aprobada en momentos de bonanza económica y debemos aplicarla en tiempos de signo muy diferente: cambiaron los vientos y la bonanza ahora es tormenta ... ¿llegaremos a buen puerto?

Si somos buenos y ahorramos agua, los ingresos de las Administraciones gestoras, bajan: parece que llegó el momento de cambiar sustancialmente la figura tributaria actual, tan obsoleta como inútil. Aquí está el reto, mientras formulo una nueva pregunta: ¿es rentable la producción industrial con agua desalinizada?, ¿es posible?

Los expertos y los asistentes a la sesión nos preguntamos cómo se vienen invirtiendo los recursos públicos en contraste con los objetivos de la Directiva Marco del Agua: las respuestas fueron en el sentido de que de cara al futuro, la decisión de inversión debe realizarse de acuerdo con el criterio de coste-eficacia, mientras que las inversiones en prevención de inundaciones deben realizarse de acuerdo con el criterio de daño causado, aunque al plantear nuevas inversiones, se debe conseguir una recuperación total de los costes, incluidos los de depreciación de los activos. Las respuestas surgidas del debate fueron en el sentido de articular la progresividad de las estructuras tarifarias, velar por la sostenibilidad financiera de los operadores, por la máxima transparencia, para el mantenimiento a ultranza del criterio coste-eficacia ... y por la redefinición del concepto costista (de Joaquín Costa), del interés general hídrico, introduciendo en él lo social y lo ambiental, las alternativas no estructuralistas, porque el agua-economía tendría que pagar tarifas de recuperación de costes sin subvenciones de ningún tipo.

Por eso surgió la duda de si el regadío es de interés general. Interesante pregunta que puede desencadenar batallas sin número. ¿Qué debe ser subvencionado por las administraciones públicas?, ¿la salud pública?, ¿una reserva estratégica para sequías...? Respecto al dilema del momento: agua pública / agua privada, las espadas están en todo lo alto. Unos opinan que la alternativa a los modelos públicos no es la privatización, sino la democratización, que no hay competencia en el mercado, sino por el mercado y en este caso es tan ineficiente como ineficaz: lo mejor es la información, el Benchmarking. Opiniones sobre las empresas públicas, que deben estar abiertas a la participación ciudadana, en una gobernanza participativa. Otros creen que la privatización surge como alternativa debido a la brutal desregulación del sector, mientras que la sombra de la escasez (de dinero), invade el escenario: la administración pública no encuentra financiación para sus proyectos... por lo que la posible participación público / privada viene condicionada a que el sistema financiero actual no financia el sector público. Las nuevas formas de financiación pasan por decisiones políticas.

Es evidente que existe una enorme politización en la gestión hidráulica y, por tanto, problemas de recuperación de costes. Las críticas sugerían que los fondos de cohesión de la UE han sido mal utilizados y que la disgregación de las competencias en la gestión del agua impide una inversión eficiente. Mientras que las soluciones de futuro plantean ideas como la creación de un fondo de amortización para cuando el activo deba reponerse.